primera parte

La Constitución de 1949 y el Proyecto Nacional.

Jorge F. Cholvis

Para saber que significó la Constitución Nacional de 1949 no es suficiente           

transcribir su texto, aún en sus partes más determinantes. Para ello es        

indispensable conocer cómo surgió, qué finalidad tuvo, cuál fue su logro, y el porqué y las consecuencias de su derogación. Observar estas cuestiones llevará a comprender la vigencia que mantienen sus principales postulados en el marco de nuestra realidad contemporánea. El tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real donde dirimen su acción los factores de poder, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al más alto rango normativo. La Constitución es un proyecto de Nación sustentado en una ideología y en determinadas relaciones de fuerzas; y el poder encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia.

         La situación política de la Argentina producto del 17 de octubre de 1945 y del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, fue el punto de partida y principal apoyo para que nuestro país tuviera el novedoso texto constitucional sancionado en 1949. El 5 de diciembre de 1948 se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, y con el amplio triunfo logrado por el peronismo el programa propuesto para reformar la Constitución Nacional había logrado el necesario apoyo. En sus discursos Perón advertía sobre la necesidad de impulsar una reforma constitucional. Fueron ideas y principios que motivaron al texto de la novel Constitución. En una reunión con los convencionales electos del Partido Peronista en la residencia presidencial de Olivos el 11 de enero de 1949, expresó que la antigua fórmula de la libertad, igualdad y fraternidad tenía que ser cambiada en nuestros días por la libertad, la justicia y la solidaridad. Se ingresaba al tiempo de la  democracia social.  

         La Asamblea Constituyente de 1949 incorporó a la Constitución los derechos sociales (del trabajador, de la ancianidad, de la familia, y de la seguridad social), políticos (de reunión, elección directa del presidente, unificación de mandatos, y reelección presidencial), y humanos (hábeas corpus, condena al delito de tortura, limitación de efectos del estado de sitio, protección contra la discriminación racial, benignidad de la ley, y contención de los “abusos de derecho”). Con las normas que se referían a la economía y al papel del Estado en el proceso económico se garantizaba el pleno goce de los derechos socioeconómicos. Precisamente a eso tendían las que instituían la protección de la riqueza nacional (nacionalización de los servicios públicos, comercio exterior y fuentes de energía); y de su distribución (limitación al abuso del derecho, función social del capital y tierra para quien la trabaja). Previamente, en el preámbulo se ratificaba la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana e instituía el objetivo de promover la cultura nacional. Principios que fueron piedra basal de la Constitución.

         Al fundamentar la reforma en la Asamblea Constituyente, Arturo E. Sampay sostuvo que "la necesidad de una renovación constitucional en sentido social es el reflejo de la angustiosa ansia contemporánea por una sociedad en la que la dignidad del hombre sea defendida en forma completa. La experiencia del siglo pasado y de las primeras décadas del presente demostró que la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas".    

         Abandonando la falsa neutralidad que le otorgaba la concepción liberal al Estado en el proceso económico, la reforma de 1949 dada su orientación filosófico-jurídica, en su carácter de promotor del bien de la colectividad le confió un papel relevante en la defensa de los intereses del pueblo, y a tal fin lo facultó para intervenir en dicho proceso con el ánimo de obtener el bien común. “Porque la no intervención significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte, confirmando de nuevo la sencilla verdad contenida en la frase que Talleyrand usó para la política exterior: “la no intervención es un concepto difícil, significa aproximadamente lo mismo que intervención”. La no intervención era darle permanencia a lo que Arturo Jauretche llamaba “el dirigismo de ellos”.

         Las constituciones han de revelar una preocupación particular para que sus normas no sean sólo declaraciones, sino que deben procurar que se cumplan en realidad. Para ello los derechos y libertades de los ciudadanos han de ser eficazmente garantizados por todos los medios materiales, organizativos y jurídicos. Las normas de política económica constitucional, han de determinar el desarrollo estable y dinámico de todas las ramas de la producción social. Sobre esa base no sólo será posible proclamar y establecer en la Constitución un amplio conjunto de derechos socio-económicos, sino también asegurarles su cumplimiento. De esa manera durante la vigencia de la Constitución de 1949 se enfrentó al condicionamiento socioeconómico, que impide la vigencia de derechos humanos básicos, como ser el trabajo, la salud, la vivienda, y la educación, condiciones necesarias para una vida digna; así en ese período fueron efectivamente gozados por la mayoría de la población.

         Es sabido que la historia no se construye sobre la base de meros marcos normativos. En todo caso, éstos suelen ser una consecuencia de procesos impulsados por las fuerzas sociales actuantes y, en la medida que responden a los logros obtenidos por ellas, es cuando adquieren su carácter trascendente. Con avances y retrocesos la lucha por la justicia, es la verdadera fuerza motora de la historia.

         El 16 de septiembre de 1955 comienza el golpe de Estado que termina con el gobierno Justicialista. Los planes económicos de la denominada “Revolución Libertadora” tropezaban con la Constitución de 1949 y ello determinaba que se transformara en una cuestión vital el retorno a la Constitución de 1853. Así es que por la “Proclama” del 27 de abril de 1956 se deroga la Constitución de 1949. La defensa de la democracia que se invocaba en ese período de facto encubría un retorno al liberalismo económico. El cambio político iba acompañado por otra orientación de la política social y un retorno a la ortodoxia económica. 

         Comenzó entonces una etapa de la historia nacional durante la cual, salvo breves períodos, hasta finales del siglo XX se aplicaron por distintos hombres y equipos políticas económicas similares -con particular intensidad durante los ciclos de facto-, con el fundamento teórico de los promotores del "neoliberalismo" de turno, aunque con diversos programas y variantes. Consecuencia de esta política, y de la frustración de los sectores populares en hacer efectivo un proyecto de Nación que nos insertara en la realidad socioeconómica del mundo contemporáneo en condiciones adecuadas para generar un desarrollo político y económico acorde a nuestras posibilidades como Nación, se consolidó la presencia que organismos financieros internacionales y poderosos grupos económicos extranjeros y algunos nacionales ligados a ellos ya habían logrado, y condujo a que tomaran abierta posesión de nuestra economía y se transformaran en partes determinantes de la Constitución real del país.

         Se erigieron en sólida base para que perdurara la crítica condición en que se colocó a la Nación y por tanto, se convirtieron en un impedimento de peso para cambiarla. Ello condujo a que la Argentina marchara hacia la grave crisis de fines del 2001. Que se comienza a dejar atrás a partir del período presidencial iniciado en el año 2003 por Néstor Kirchner y que actualmente ejerce y lidera Cristina. Salimos del infierno. El país está cambiando. La continuidad y profundización del modelo es la vía y la instauración al más alto rango normativo de un nuevo Proyecto Nacional y Popular para el País de los Argentinos es la meta.