EMANCIPACIÓN (U. N. E.)"

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DOCUMENTO BASE

“La Constitución y el Proyecto Nacional”

                        En la Argentina del siglo XXI los sectores mayoritarios de la Nación prácticamente siguen apartados de cuestiones que hacen al conocimiento preciso de sus derechos fundamentales y a la Constitución, que continúa siendo campo casi exclusivo para un pequeño sector de juristas que son quienes tienen la facultad de definir criterios al respecto. En el mundo europeo así era hace muchísimos años cuando el patriciado romano tenía la facultad de "decir el derecho" (la iuris dictio), y la plebe luchaba por su derecho para saber cual "era el derecho". En tal sentido, en nuestro país desde hace mucho tiempo el contenido global de la Constitución no cuenta con la voz del pueblo pues al tema se lo tiene como una cuestión inoportuna y fastidiosa, y además se creó la falsa imagen de que ocuparse del mismo es un esfuerzo inútil y que hay que dejarlo para otros tiempos y otras personas. Así, lo que se refiere a la Constitución es postergado ante otras exigencias que tiene la vida cotidiana. Por cierto, ello parte del falso dilema de encarar a la Constitución sólo como un instrumento jurídico y no entenderla como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. También encubre la intención de marginar al pueblo en la definición de los objetivos y medios para realizarlo, en especial sobre las normas de política económica constitucional que los abarca. Esa actitud reitera la concepción elitista que durante el siglo XIX tuvo la definición del contenido de la Constitución escrita o jurídico-formal.

                        Es que la Constitución real es la suma de los factores de poder -tanto internos como externos- que predominan en una sociedad determinada, y no se puede afirmar todavía que ellos hayan podido ser cambiados sustancialmente en la Argentina. Gobierno del Estado y poder real no son sinónimos. Sin embargo, como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su transformación.

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                        La Argentina se encuentra en un momento determinante de su desarrollo social y político. En esta circunstancia histórica que estamos viviendo es imprescindible profundizar el debate político alrededor de estas cuestiones; que por otro lado no son lejanas del que se debe dar sobre las políticas que se ejecutan desde los poderes de gobierno. Es necesario, no sólo para lograr la difusión de las políticas en marcha y de sus razones, sino también encarar un debate que no debemos tener temor a enfrentar.  Es el único camino para que las expresiones mayoritarias de la Nación estén compenetradas con ellas, se amplíe la base de sustentación del modelo y así confluyan orgánicamente en una nueva alternativa de poder político que logre cambiar las bases de la Constitución real que nos llevó a la crisis del 2001, y que en esencia, aún no se pudo modificar sustancialmente. Sólo así, a través de su pleno conocimiento podrá lograrse una acción conciente de los distintos sectores sociales, que son quienes finalmente las habrán de apoyar y sostener.

                        Después de las dolorosas circunstancias de diciembre de 2001, con su secuela de muertes y frustraciones, el modelo “neoliberal” de la década del noventa dejó en evidencia sus perjudiciales consecuencias para el país y su pueblo. El marco político e ideológico del discurso único del modelo neoliberal y del mercado como panacea, fue la senda que nos llevó a ese doloroso trance. Por otra parte, el mismo tuvo su germen en el plan económico del gobierno de facto que derrocó al gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976 y que fuera enunciado el 2 de abril de 1976 por el responsable económico de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Ciertamente, dichas políticas contaron con la promoción y apoyo del “Consenso de Washington” y de los organismos financieros internacionales (llámese F. M. I., Banco Mundial, etc.), de organizaciones intelectuales de la ortodoxia económica, de retrógrados sectores representativos de la derecha local e internacional; y de grandes conglomerados económico-financieros que lucraron con esas políticas a través del control de los resortes del poder económico, de la actividad financiera; de posiciones dominantes que alcanzaron en el comercio interior y exterior; y de otras expresiones de la actividad económica que ejercieron en su provecho, marginando a grandes sectores nacionales y populares. Fue la expresión del poder concentrado ejercido por los sectores dominantes. El egoísmo y el individualismo fueron incorporados como pautas de conducta, llevando a la pérdida de la solidaridad social.

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                        Con la asunción del Presidente Kirchner en 2003 se inicia otra etapa en la República Argentina, que es continuada actualmente por Cristina Fernández de Kirchner. Sus logros manifiestos fueron una alta política en defensa de los derechos humanos y del derecho a la verdad, el desendeudamiento, morigerar las desigualdades sociales impulsando una justa distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades en educación, abrir fuentes de trabajo y efectivizar los derechos laborales, posibilitar la movilidad social ascendente, recuperar los fondos de los trabajadores que estaban retenidos por las AFJP, lograr la Asignación Universal por Hijo, y entre otros resultados trascendentes, una política de medios de comunicación para todos y con vocación emancipadora impulsar al proyecto de integración latinoamericana.

                        Un modelo de desarrollo social y económico, y de recuperación de valores perdidos, que se contrapone al modelo agro-exportador. Así es que se observa la confrontación entre quienes representan dos modelos de carácter económico, social y cultural muy distintos. Las iniciativas del Gobierno nacional tomadas en las últimas semanas tienen en común la continuidad de una visión a favor de una intervención activa del Estado en la economía, y efectivizar la transferencia de ingresos a favor de los sectores populares.

                        Estamos encarando un proyecto nacional y popular, con la inserción masiva de la juventud. En la Argentina hay un proyecto exitoso que tiene que ser continuado y profundizado, el que por cierto cuenta con la necesaria legitimidad política obtenida en el resultado electoral. El camino es consolidar la democracia y el modelo puesto en marcha en el 2003, como también  acentuar los cambios estructurales realizados y la presencia del Estado activo que promueva y consolide el desarrollo socioeconómico nacional.

                        Por eso una nueva emancipación social, cultural y económica. Economía y política no están separadas. Un Proyecto tiene objetivos políticos, y a través de la política económica designa los instrumentos o medios requeridos para alcanzar su meta, a la vez que va postulando nuevas bases para dotarlo de permanencia.

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                        Y porqué entendemos que es relevante impulsar el debate sobre la Constitución y su reforma en estas circunstancias? Si por el contrario algunos sostienen como actitud racional posponer el tema constitucional ante otras respuestas que requiere la realidad cotidiana. En el plano académico y desde determinados sectores políticos se entiende y argumenta que primero se deben resolver los problemas más inmediatos de la gente y que lo constitucional se debe tratar con posterioridad. Así se lo veda como tema a debatir. Ello evidencia desconocimiento de la naturaleza de la Constitución y esconde la intencionalidad de marginar al pueblo en tan importante cuestión.

                        Es que la Constitución más que un instrumento jurídico es la institucionalización al más alto rango normativo de un Proyecto de Nación definido, compartido y apoyado por los más amplios sectores de la población. El pueblo no puede estar ausente de esta problemática. Estamos en el siglo XXI donde debe tener plena vigencia la democracia social y participativa. No cabe sostener procedimientos y métodos del siglo XIX para lo que fue una sociedad simple y no participativa. Tomando el punto de vista de la ingeniería popular se podrán pensar y delinear nuevos caminos.

                        Es necesario impulsar acciones que posibiliten a los distintos sectores de la población un pleno conocimiento de la Constitución escrita vigente y su relación con la Constitución real contemporánea, a fin de examinar cual sería la mejor Constitución para el país acorde a las condiciones sociales y políticas del siglo XXI. Es que, como sostenemos, la Constitución no sólo es un instrumento jurídico, sino que en esencia es un proyecto político compartido por una Nación.

                        En esta nueva etapa que se encuentra transitando la Argentina se hace necesario definir y proponer las bases esenciales para un nuevo Proyecto Nacional del país de los Argentinos, que oportunamente se institucionalice al más alto rango normativo por una futura Asamblea Constituyente, con la más amplia participación popular. Los derechos sociales y las normas de política económica constitucional, con nuevos medios institucionales para superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia efectiva de esos derechos deben ser de pleno del conocimiento del pueblo.

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                        Se debe poner atención en ciertas interpretaciones constitucionales que se emiten desde distintos ángulos con pretensiones de rescatar la “verdad” jurídica; ellas generalmente se realizan desde una definida posición política y por tanto con ese disfraz encubren el origen desde el cual parten. Por ello, cabe resaltar que el espacio que va desde la Constitución “escrita” a la Constitución “real” se nutre con la “interpretación” de la Constitución. Hay que tener muy en claro que cuando se tratan estos temas estamos en un ámbito eminentemente político. Una Constitución puede recibir una interpretación “estática” que sostenga el statu quo, o una interpretación “dinámica”, que mira hacia el futuro y sostenga la aspiración de un sector de la sociedad por el progreso social. Cuando dicho sector social adquiere el predominio político, adopta la interpretación “revolucionaria” o de lege ferenda y después institucionaliza su proyecto político en un nuevo texto constitucional. Tal es lo que sucedió en nuestro país con la Constitución Nacional de 1949.

                        O sea, hablar de la Constitución es encontrarse en el plano político, y recíprocamente cuando se adopta una actitud política o una decisión institucional, se está utilizando un criterio de interpretación constitucional acorde a determinados intereses. El punto pasa entonces en saber a qué intereses defiende esa interpretación de la Constitución: si a satisfacer los intereses de unos pocos en base a una concepción oligárquica o al progreso de la Justicia, que en realidad es la finalidad natural de la Constitución. 

                        Los sectores que usufructuaron el poder político, a través de sus “juristas” a quienes auto-adjudicaron la cualidad de ser los habilitados para “decir el derecho”, o también mediante los políticos que lo aplicaron por intermedio de las instituciones del Estado que detentaban, sólo realizaron la defensa de sus intereses sectoriales, y no los del país y su pueblo. Actuaron en contra del fin natural de la Constitución, que es el “bienestar general”, es decir la Justicia Social en su más alta expresión. Por consiguiente, corresponde ahora ingresar decididamente a un debate abierto e inteligible para que el pueblo conozca dicha circunstancia, como asimismo las razones de las medidas que se están adoptando actualmente por el gobierno nacional en pos del nuevo País de los Argentinos. Ello será un soporte de máximo rango para su efectiva vigencia.                                                    

                        Remarcamos que el tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al más alto rango normativo.

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                        Entendemos necesario lograr un ámbito político orgánico donde participen los distintos sectores de la vida nacional -tanto políticos, como sociales o económicos-, pues la desunión del pueblo argentino impedirá que se modifiquen los factores reales y efectivos de poder -tanto internos, como en especial los externos-, que predominaban en la Argentina y que se incrementaron enormemente en la pasada década del noventa. Para erradicar las causas que frenan el desarrollo económico y el bienestar social, modificar la Constitución “real” que lo impidió, y acabar definitivamente con la política del pasado, es prioritario diseñar y hacer funcionar al motor del proceso social, la alternativa efectiva de poder político nacional y así concluir definitivamente con las políticas económicas “neoliberales”.    

                        Para el logro de este objetivo es primordial conocer la Constitución real que predomina en el país, como también la que estuvo vigente en la época que fue sancionada la Constitución histórica de 1853 y la que existió durante los períodos en que se le efectuaron las reformas incorporadas a su texto. Es necesario que se sepa el significado de la Constitución de 1949 y las circunstancias que llevaron a su sanción y posterior derogación; lo que directamente lleva al tema de los gobiernos de facto y la supraconstitucionalidad que pretendieron institucionalizar con dictámenes de constitucionalistas y de opiniones políticas trasmitidas con toda la aureola que le otorgaban complacientes medios periodísticos e instituciones académicas, con lo cual ponían un disfraz al régimen que instauraban y así confundir a la población.

                        El debate que proponemos va a contribuir a formular la interpretación constitucional que se ajuste mejor a la realidad contemporánea y al logro de la vigencia de los derechos humanos básicos. Es que bregamos por alcanzar formas superiores de Justicia Social, que entendemos se logra plenamente cuando todos los habitantes pueden participar del progreso técnico y científico de nuestros días, y así gozar los bienes materiales y culturales que les permitan realizarse en su plena dignidad humana. Por ello, la experiencia de los procesos histórico-políticos de los pueblos que luchan por acceder a un nuevo estado de desarrollo socioeconómico, debe ser conocida y analizada acorde a las circunstancias particulares de la Argentina.

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                        Quizás la mayor de las dificultades a vencer, casi insalvable hasta el presente, es el enfrentamiento de los proyectos del campo popular, divorciados entre sí a partir de los dogmatismos de aquellos que porfían imponer ideas abstractas o alejadas de los problemas de nuestra realidad. Es imprescindible erradicar las falsas antinomias o sectarismos estériles, y evitar un nuevo desencuentro en las filas del pueblo.

                        La difícil tarea es delinear un espacio donde se puedan superar epidérmicas y circunstanciales diferencias, y contribuir así al examen y debate de los más serios problemas nacionales, que posibilite lograr el objetivo primordial de instituir un Proyecto Nacional acorde con las aspiraciones y necesidades actuales de nuestro Pueblo. En la senda hacia ese alto objetivo, el accionar de los sectores mayoritarios que lo impulsen otorgará la legitimidad y la fuerza requerida para efectivizar las decisiones que vaya tomando el gobierno nacional, a fin de alcanzar el desarrollo socioeconómico, lo que permitirá obtener los bienes materiales y culturales que todo argentino de bien desea y merece.

                        Para esta nueva etapa que está transitando la Argentina adquiere vital relevancia la participación popular en todos los órdenes, y es necesaria la presencia de hombres y mujeres identificados con el pensamiento nacional y popular. Ello es indispensable para salir definitivamente de la profunda crisis a que nos condujo el neoliberalismo “salvaje” y “corrupto”, que se aplicó en el país y que aún agonizante, cuenta con el férreo apoyo de las minorías oligárquicas y no se resigna a desaparecer. Sabemos como penetró y se impuso tal ideología en los sectores dirigentes. Ese resultado se produjo al amparo de las políticas económicas que se aplicaron en la Argentina, con el diseño y bajo la supervisión de los organismos internacionales de crédito, y con el auspicio y apoyo de los países de alto desarrollo; como también de los enormes conglomerados del capital financiero internacional y la connivencia de grandes grupos económico-financieros nacionales (la “patria financiera”). Así, en especial durante los años noventa, el país funcionó de manera prácticamente continua bajo las directivas y el estrecho seguimiento de un programa respaldado por el F.M.I., el B.M y otras instituciones financieras internacionales.

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                        Los objetivos, estrategias, planes y proyectos más adecuados a cada situación, lugar y circunstancias, sólo pueden ser bien elaborados por personas consustanciadas con un claro sentido nacional y compromiso de servicio en función de los intereses del país y de su comunidad. Pero, para su debida ejecución  no alcanza con la inteligencia, compromisos y conocimientos de quienes los preparen, porque es indispensable también que el mismo pueblo reconozca la importancia de esa acción, valorice sus propuestas y se integre en los distintos roles que requiere la construcción mancomunada de una nueva realidad política, económica y social que comprenda a todos los sectores populares. Para ello será necesario ir definiendo los procedimientos y la metodología para lograr esa participación.

                        Las diversas campañas que se ejecutan para torcer el rumbo iniciado, sólo son actitudes recientes de la vieja táctica de los sectores dominantes, que la oligarquía nativa usó y sigue usando en forma solapada. Cuando saben que peligran sus intereses, intentan o pretenden confundir para que no hagan mella a su poder real. Su trama tiene estos tiempos: primero disuaden con la astucia y luego someten por la violencia, institucionalizada o no. El golpe de Estado y el terrorismo que desde allí aplicó fue su último recurso. Por ello es imprescindible recordarlo y confrontar políticas. Hacer llegar al Pueblo las razones que impulsan el nuevo Proyecto es el arma más potente que existe para vencer esa trama perversa y enfrentar a los sectores que se oponen al cambio social en la Argentina.

                        Por lo tanto, es necesario realizar un amplio debate con organicidad compromisos y garantías. Es imprescindible fijar la metodología más adecuada para ello, sus tiempos, las asambleas y cómo se evaluarán todas las opiniones, a fin de plasmar el Proyecto Nacional que debe ser la esencia de una futura reforma de la Constitución Nacional. Recién después llegará el momento de la expresión parlamentaria que la autorice, cuando se adopte la decisión institucional sobre la oportunidad, necesidad y contenido de la reforma.

                        Por último, cabe remarcar que para modificar la Constitución “real” que aún rige en la Argentina, es prioritario generar la alternativa efectiva de poder político nacional que nos permita concluir con todas las causas que postraron a la Nación, y apartar a todos los sujetos que las facilitaron. Luego, el cambio de la Constitución real producirá -recién en ese momento- la necesidad de una nueva Constitución escrita que en una Asamblea Constituyente institucionalice un nuevo Proyecto Nacional para el país de los Argentinos, con procedimientos y metodología adecuados y propios para ello, acordes a nuestra realidad del siglo XXI. Hacia ese alto objetivo es la convocatoria que realizamos.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011.